Esteban Pittaro/Aleteia Argentina |
Ago 29, 2018
En simultáneo con la presentación de un proyecto sobre el retiro de símbolos religiosos en edificios públicos, alumnos retiraron una imagen de la Virgen María de una universidad
Latente desde hace varios años aunque sostenida en muchos casos por grupos no tan representativos, se reanimó en las últimas horas en la Argentina la idea que históricamente ha acompañado los reclamos por la legalización del aborto en los países con mayoría cristiana: el retirar los símbolos religiosos de los edificios públicos.
Un grupo de cinco diputados del partido del gobierno Cambiemos presentó en el Congreso un proyecto para la “remoción de los símbolos e imágenes religiosas instaladas en espacios públicos o edificios pertenecientes al Estado Nacional”. Según escriben en el proyecto, el propósito es garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia, así como de garantizar el carácter laico de los poderes públicos”. Y fundamentan con, entre otras cuestiones: “la simbología religiosa no sólo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del Estado Nacional”, y “Con este proyecto buscamos que el Estado garantice el trato igualitario de cultos para avanzar en la construcción de una agenda pública no basada en la moral, sino en los derechos ciudadanos”.
La simbología cristiana que los diputados buscan remover es básicamente la católica: por razones históricas, aunque ratificadas incluso en 1994 durante la última reforma constitucional, el Estado Argentino invoca la protección de Dios. Y lo ha hecho siempre canalizando el público expresar de la mayor parte de los argentinos cada vez que se les pregunta: que se confiesan católicos.
En simultáneo con el proyecto presentado, alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba retiraron una imagen de la Virgen María de uno de los pasillos y pusieron en su lugar un pañuelo verde con el que se reclama por la legalización del aborto. Lo decidieron en el marco de las Asambleas por la crisis universitaria que se vive en la Argentina por estos días ante la que denuncian es una importante reducción presupuestaria para la educación pública y la falta de certezas salariales para los docentes.
“En este sentido, puede afirmarse que, entre nosotros, rige (y con mayor claridad a partir de la reforma constitucional de 1994) un modelo de laicidad positiva en donde existe una necesaria y prudente independencia entre estado e iglesias, pero se reconoce al factor religioso como un fenómeno con trascendencia social, una dimensión propia de la persona humana no relegada al ámbito exclusivamente interno y que, como tal, no sólo no debe neutralizárselo sino que debe prestarse la cooperación oportuna a fin de posibilitar las condiciones necesarias para el mejor desarrollo de esa dimensión”.
Otra referencia importante para quienes sigan la evolución de este intento legislativo de un grupo de diputados oficialistas, que seguramente encontrará eco en referentes de izquierda, es el fallo de 2011 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Lautsi contra Italia, en el que se considera, entre otros puntos, que un crucifijo en una pared de un colegio es “esencialmente un símbolo pasivo” y no supone adoctrinamiento por parte del Estado.
La campaña se une a la que desde hace algunos meses viene reclamando que el Estado no destine fondos al sostenimiento del culto católico, fondos que de cualquier manera la Iglesia ya ha anunciado que proyecta resignar progresivamente. El Estado nacional destina 130 millones de pesos anuales al sostenimiento del culto. En un solo fin de semana, el de la colecta nacional de Cáritas, los católicos destinaron a las obras sociales que realiza Cáritas 90 millones de pesos. En un solo fin de semana para solo una de las organizaciones de caridad de la Iglesia los católicos dispusieron el 75% de los fondos que el Estado destina a la Iglesia anualmente y que muchos consideran un escándalo. Es mucho más lo que la Iglesia da al Estado que lo que recibe.
Ago 29, 2018
Latente desde hace varios años aunque sostenida en muchos casos por grupos no tan representativos, se reanimó en las últimas horas en la Argentina la idea que históricamente ha acompañado los reclamos por la legalización del aborto en los países con mayoría cristiana: el retirar los símbolos religiosos de los edificios públicos.
Un grupo de cinco diputados del partido del gobierno Cambiemos presentó en el Congreso un proyecto para la “remoción de los símbolos e imágenes religiosas instaladas en espacios públicos o edificios pertenecientes al Estado Nacional”. Según escriben en el proyecto, el propósito es garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia, así como de garantizar el carácter laico de los poderes públicos”. Y fundamentan con, entre otras cuestiones: “la simbología religiosa no sólo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del Estado Nacional”, y “Con este proyecto buscamos que el Estado garantice el trato igualitario de cultos para avanzar en la construcción de una agenda pública no basada en la moral, sino en los derechos ciudadanos”.
La simbología cristiana que los diputados buscan remover es básicamente la católica: por razones históricas, aunque ratificadas incluso en 1994 durante la última reforma constitucional, el Estado Argentino invoca la protección de Dios. Y lo ha hecho siempre canalizando el público expresar de la mayor parte de los argentinos cada vez que se les pregunta: que se confiesan católicos.
Antecedentes
Dos antecedentes recientes por la vía judicial terminaron respaldando la presencia de los símbolos religiosos en la Argentina, en Mendoza y La Pampa. En la sentencia del Supremo Tribunal de Justicia de La Pampa desestimando pedidos de organizaciones para retirar imágenes de espacios del Poder Judicial la justicia falló haciendo una lectura de la última reforma constitucional y expresando, entre otros argumentos, el siguiente:“En este sentido, puede afirmarse que, entre nosotros, rige (y con mayor claridad a partir de la reforma constitucional de 1994) un modelo de laicidad positiva en donde existe una necesaria y prudente independencia entre estado e iglesias, pero se reconoce al factor religioso como un fenómeno con trascendencia social, una dimensión propia de la persona humana no relegada al ámbito exclusivamente interno y que, como tal, no sólo no debe neutralizárselo sino que debe prestarse la cooperación oportuna a fin de posibilitar las condiciones necesarias para el mejor desarrollo de esa dimensión”.
Otra referencia importante para quienes sigan la evolución de este intento legislativo de un grupo de diputados oficialistas, que seguramente encontrará eco en referentes de izquierda, es el fallo de 2011 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Lautsi contra Italia, en el que se considera, entre otros puntos, que un crucifijo en una pared de un colegio es “esencialmente un símbolo pasivo” y no supone adoctrinamiento por parte del Estado.
La campaña se une a la que desde hace algunos meses viene reclamando que el Estado no destine fondos al sostenimiento del culto católico, fondos que de cualquier manera la Iglesia ya ha anunciado que proyecta resignar progresivamente. El Estado nacional destina 130 millones de pesos anuales al sostenimiento del culto. En un solo fin de semana, el de la colecta nacional de Cáritas, los católicos destinaron a las obras sociales que realiza Cáritas 90 millones de pesos. En un solo fin de semana para solo una de las organizaciones de caridad de la Iglesia los católicos dispusieron el 75% de los fondos que el Estado destina a la Iglesia anualmente y que muchos consideran un escándalo. Es mucho más lo que la Iglesia da al Estado que lo que recibe.
